El pasado 3 de septiembre de 2021, en el Salón del Pleno del Palacio de los Tribunales, se suscribió el Protocolo de acción para instituciones públicas que auxilian a la justicia en la búsqueda e identificación de víctimas de desaparición forzada, ocurridas entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1990.

A la ceremonia presidida por don Guillermo Silva Gundelach, asistieron, el Fiscal Nacional (s) del Ministerio Público don Xavier Armendáriz, el Ministro de Justicia y Derechos Humanos don Hernán Larraín,  el General Director de Carabineros de Chile don Ricardo Yáñez,  el Director General de la Policía de Investigaciones don Sergio Antonio Muñoz y la Subsecretaria de Derechos Humanos doña Lorena Recabarren.

El protocolo suscrito tiene su origen en los acuerdos adoptados por la “Mesa Interinstitucional para Auxiliar a la Justicia en casos de búsqueda de víctimas de desaparición forzada en el período 1973-1990”. Esta mesa de trabajo, que funciona desde hace varios años, está integrada por representantes del Ministerio Público, Carabineros de Chile, la Policía de Investigaciones, el Servicio Médico Legal, el Servicio de Registro Civil e Identificación, la Unidad Programa de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y el Poder Judicial a través de la participación de la Ministra señora Marianela Cifuentes de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de San Miguel.

A estas instituciones se ha incorporado, por reciente resolución del Pleno de la Corte Suprema, la Oficina de Coordinación Nacional de Causas de Derechos Humanos, a cargo del Ministro de la Corte Suprema don Ricardo Blanco con el específico rol de diseñar y construir un registro automatizado, con el objeto de contar con una base de datos común que facilite captar y compartir información útil para las demás investigaciones y dar respuesta oportuna a solicitudes de información que se formulen a cada una de las entidades participantes de la Mesa y a los Ministros en Visita Extraordinaria que tramitan este tipo de vulneraciones a los Derechos Humanos.

El Ministerio Público, en la voz de su Fiscal Nacional (s) Sr. Armendáriz,  destacó que es deber del Estado en su conjunto desplegar todas las acciones que estén a su alcance para contribuir a esclarecer los casos de desaparición forzada ocurridos durante la dictadura militar en Chile; como un imperativo tristemente vigente; y, agregó, que es una deuda vigente con las familias que perdieron a sus seres queridos.

Por su parte el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Sr. Larraín, relevó el rol de la Subsecretaría de Derechos Humanos y la Unidad Programa de Derechos Humanos cuyo eje de su quehacer el respeto por los familiares de las víctimas de ejecución política y desaparición forzada durante la dictadura y por la búsqueda de la verdad. Agregó que esta misión no sólo se circunscribe al Ministerio de Justicia y DD HH sino que es una tarea de todo el Estado. Agregó que existe una deuda por que los procesos no han concluido y es muy necesario avanzar en estandarizar las acciones que deban realizarse al hallar osamentas y adicionalmente en respeto de los familiares de las víctimas, que tienen el derecho de saber la verdad de lo ocurrido, de las circunstancias y el destino y restitución de sus restos. Agregó que esto nos permitirá avanzar y desarrollar, como sociedad, en una cultura de respeto, promoción y protección de los Derechos Humanos.    

El General Director de Carabineros de Chile Ricardo Yáñez, al tomar la palabra comprometió fortalecer los Derechos Humanos y los procesos formación inicial y en todas las instancias académicas de manera transversal; y por sobre todo trabajar los funcionarios de acuerdo a como se señala en el protocolo. Agregó que a estas materias nadie se puede restar.

Por su parte el Director General de la Policía de Investigaciones, señor Sergio Muñoz, destacó como un hito importante en la historia de la PDI, el trabajo que ha cumplido en materia de investigaciones por las violaciones a los Derechos Humanos, lo cual sitúa a la institución como un referente nacional e internacional. Relevando la creación de la Brigada Investigadora de Delitos contra los Derechos Humanos cuyas investigaciones han logrado aportar a esclarecer cientos de hechos en que participaron agentes del Estado. Asimismo destacó que la Policía de Investigaciones tiene en su centro la formación en Derechos Humanos y estos constituyen uno de los pilares de su Plan Estratégico Institucional. Para terminar destacó que con la firma del protocolo, se refleja la capacidad del Estado de Chile para adoptar acuerdos en materia que son cruciales para la democracia y la justicia en especial para los familiares de las víctimas.