El 10 de diciembre de 2024, y en el contexto de la conmemoración del Día de los Derechos Humanos, el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) presentó su Informe Anual sobre la Situación de Derechos Humanos en Chile 2024. El texto, centra su análisis en siete ejes temáticos, formulando recomendaciones a los diferentes poderes del Estado para garantizar de modo efectivo el ejercicio de los derechos analizados.

En el primer capítulo, titulado “Violaciones masivas y sistemáticas 1973-1990: desplazamientos, movilidades y traslados forzados internos”, se abordan los desplazamientos forzados de personas a lo largo del país ocurridos entre 1973 y 1990, durante la dictadura militar chilena. Se expresa en el informe que, estos casos, no reconocidos inicialmente por instancias oficiales, han sido denunciados por organizaciones de ex habitantes de los asentamientos de la Reforma Agraria que conformaron el Complejo Forestal y Maderero Panguipulli, y de las viviendas sociales de la Villa San Luis de Las Condes. El INDH reconoce en estos desplazamientos crímenes de lesa humanidad y de guerra, con impactos en derechos como la vivienda, educación, salud y trabajo, que persisten hasta hoy. Las recomendaciones del INDH en esta materia contemplan medidas de verdad, justicia, reparación y memoria para las víctimas, incluyendo, entre otros asuntos, la ampliación del mandato de los ministros en visita extraordinaria para el conocimiento de causas en materia de derechos humanos, que incluya casos de desplazamiento forzado interno en el período de la dictadura.

El segundo capítulo, titulado “Derecho a la seguridad personal”, refiere al aumento de la actividad delictual en Chile y sus efectos en la seguridad personal, la gobernabilidad y la confianza en las instituciones. Se expresa en el informe que, la prevalencia de delitos que afectan el derecho a la vida, a integridad personal, a la libre circulación y a la propiedad, impactan la calidad de vida y limitan el uso de espacios públicos de las personas, especialmente para mujeres, niños, niñas, adolescentes y personas mayores. Si bien el Estado ha implementado medidas para combatir esta grave situación, el INDH recomienda fortalecer la atención a las víctimas, mejorar las capacidades policiales y modernizar el sistema de inteligencia del Estado, siempre resguardando el pleno respeto por los derechos humanos.

En su capítulo tercero el informe aborda la “Situación de las personas defensoras de derechos humanos”. En este acápite el INDH expresa que, a pesar de la larga y conocida tradición de personas y organizaciones de la sociedad civil que han trabajado en la defensa y promoción de los derechos humanos en Chile, aún falta un marco normativo específico que reconozca y proteja de manera transversal a quienes realizan esta labor. Si bien se destaca la formulación del Protocolo de protección a las personas defensoras de derechos humanos, este aún no se implementa. En esta materia, el INDH recomienda adoptar medidas para prevenir y sancionar vulneraciones a la actividad de los defensores y defensoras de derechos humanos; generar información periódica sobre los riesgos que enfrentan las y los defensores; incluirlos en los planes nacionales de derechos humanos como grupo de especial protección; y, adecuar el tipo penal de injurias del Código Penal de acuerdo a lo dispuesto por la Corte Interamericana en la sentencia del caso Baraona Bray.

En el capítulo cuarto, titulado “Derecho a la vivienda adecuada: asentamientos informales”, se aborda la crisis de acceso a la vivienda en Chile lo que ha generado un aumento de asentamientos informales. Se manifiesta que, aunque el Estado se encuentra implementado un Plan de Emergencia Habitacional, las medidas que contempla avanzan lentamente. Por su parte, la falta de regulación que permita asegurar el cumplimiento de los estándares de derechos humanos en materia de desalojos y resguardo de las personas que viven en asentamientos informales agravan la situación. En este contexto, el INDH recomienda reconocer a nivel constitucional y legal el derecho a una vivienda adecuada; elaborar un protocolo para procedimientos de desalojos; capacitar a organismos estatales en materia de estándares relativos a los desalojos forzosos; mejorar las condiciones de habitabilidad en los campamentos; e implementar estrategias de seguridad ciudadana enfocada en la protección y persecución de los delitos que afecten a las personas que residen en asentamientos informales.

En el capítulo quinto del informe, titulado “Maternidad vulnerable: derechos de madres privadas de libertad y garantías para sus hijas e hijos menores de edad”, el INDH hace presente que en Chile, el 85,4% de las mujeres privadas de libertad son madres, y de ellas, el 69,6% tienen hijos menores de edad. Esta situación genera preocupación por las posibles vulneraciones a los derechos tanto de madres como de hijos e hijas. Se advierten limitaciones en el acceso a atención de salud y la débil incorporación de una perspectiva de género que considere un mayor uso de sanciones y medidas no privativas de libertad para las mujeres, especialmente para aquellas que son madres de niños y niñas, o que se encuentran embarazadas. En este sentido, se expresa que el sistema penitenciario no está adaptado a las necesidades de mujeres embarazadas y con niños bajo su cuidado, y la falta de un marco legal específico afecta sus derechos a la vida familiar, la salud y la integridad personal. En esta materia, el INDH recomienda agilizar la tramitación de leyes que modifiquen la procedencia de la prisión preventiva y de suspensión de ejecución de la sentencia, respecto de mujeres embarazadas o que tengan hijos o hijas menores de tres años; definir estándares de habitabilidad para las secciones materno-infantiles del país; incorporar en el Reglamento de Establecimientos Penitenciarios, un cuerpo regulatorio que abarque todos los ámbitos y se aplique en todas las secciones materno-infantiles del país; y, permitir a padres privados de libertad participar del parto de su hijo o hija.

En el capítulo sexto, titulado “Derechos humanos y áreas protegidas”, se aborda la pérdida de biodiversidad, situación que afecta el bienestar humano y el goce de diversos derechos humanos como el derecho a un medio ambiente limpio, sano y sostenible o el derecho a la vida digna. El INDH expresa que, si bien Chile ha avanzado en la protección de la biodiversidad a través de la Estrategia Nacional de Biodiversidad, y la promulgación de la Ley 21.600, que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas y el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, aún existen desafíos como la falta de directrices claras y operativas que refuercen el vínculo entre bienestar humano y naturaleza, la carencia de recursos económico y humanos para la gestión de áreas protegidas y la desigual distribución de estas áreas a lo largo del territorio. En esta materia, el INDH recomienda, entre otros asuntos, fortalecer los sistemas de información de biodiversidad; fortalecer la protección de los ecosistemas aledaños a las áreas protegidas; fortalecer las capacidades técnicas y financieras del nuevo Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas; asegurar la participación efectiva de los pueblos indígenas en la gestión de las respectivas áreas protegidas donde se encuentren; y,  ratificar el Protocolo de Nagoya.

Finalmente, en el capítulo séptimo del informe se aborda la “Salud mental en Chile desde la perspectiva de derechos humanos”. En el documento se hace presente que, pese a que en Chile ha aumentado la preocupación por la salud mental y se han aprobado normas y formulado programas al alero del Ministerio de Salud, con especial foco en los procesos de desinstitucionalización, promoción de la inclusión social y comunitaria, y reducción del estigma asociado a los problemas de salud mental; aún persisten importantes desafíos. Así, se identifican brechas en la cobertura de prestaciones, altas tasas de rechazo de licencias médicas en comparación con otros diagnósticos y falta de personal calificado, lo que se traduce en listas de espera prolongadas. En este contexto, el INDH recomienda fortalecer la oferta de personal especializado; agilizar la publicación de reglamentos pendientes establecidos en la Ley 21.331; monitorear y fortalecer las iniciativas de salud mental dirigidas a niños, niñas, adolescentes y personas mayores; y, atender las necesidades de las personas privadas de libertad, evitando la discriminación en el acceso a prestaciones de salud mental.

El informe se encuentra disponible en: https://www.indh.cl/bb/wp-content/uploads/2024/12/INFORME-ANUAL-2024_DIGITAL.pdf