Capítulo 10 Informe Anual UDP sobre Derechos Humanos en Chile 2017

La Universidad Diego Portales ha lanzado su Informe Anual sobre Derechos Humanos en Chile 2017, en el que se incluye un Capítulo denominado «Derechos de las personas LGTBI en Chile: una evaluación», elaborado por los académicos Juan José Álvare, Sebastián Del Pino, María Belén Saavedra y Tomás Vial.

El capítulo analiza cómo el Estado chileno está cumpliendo (o no) sus obligaciones en materia de no discriminación, respeto del derecho a la vida privada y a tener familia, derecho a la identidad y a una educación no excluyente y segura en relación a las personas lesbianas, gays, transexuales, bisexuales e intersex (LGTBI). Para ello, revisa la situación de las relaciones afectivas entre estas personas y su actual regulación en Chile, el no reconocimiento de la homoparentalidad en el país, la realidad de las personas trans, y finalmente, cómo el sistema educacional asegura a los niños, niñas y adolescentes LGTBI una educación libre de violencia. Se concluye que pese a algunos avances, como la dictación del Acuerdo de Unión Civil, aún falta mucho para que en Chile exista un cabal respeto de los derechos de las personas LGTBI, tanto en las normas como en las políticas públicas.

Según se indica en las conclusiones del capítulo referido, hacia el final del gobierno de la Presidenta Bachelet el panorama de «reconocimiento y protección de los derechos de las personas LGTBI es de luces y sombras». Si bien representan importantes pasos, por una parte, la publicación e implementación efectiva de la Ley de Acuerdo de Unión Civil, en la cual por primera vez se da reconocimiento y protección a las relaciones afectivas de las personas del mismo sexo, y por otra, el envío de un proyecto de matrimonio igualitario que constituye un cumplimiento de las obligaciones internacionales en el marco del Acuerdo de Solución Amistosa de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, proyecto en el cual se incluirían normas relativas a filiación, adopción y fertilización asistida, dando pasos importantes en la protección de la familia homoparental y del derecho de los niños y niñas que han sido fruto de esas parejas, dada la tardía presentación del proyecto, a fines de la actual administración, es poco probable su pronta aprobación en el Congreso Nacional. «Se requerirá de un gran esfuerzo de la sociedad civil organizada, los centros de estudios y los parlamentarios partidarios del proyecto para lograr su transformación en ley de la república.»

En materia de identidad de género, el informe indica que el panorama es más bien sombrío pues tras cuatro años de tramitación de un proyecto de ley que permite y regula dicho derecho en las personas trans en Chile, aún no se producen avances. Su omisión es causa de graves violaciones a los derechos humanos de estas personas, con efectos profundos en el ejercicio de sus derechos a la salud, educación, trabajo y libertad personal. «La obstinada obstrucción al avance del proyecto, por medio de centenares de indicaciones, y la objeción al reconocimiento del derecho de niños, niñas y adolescentes (NNA) trans a su identidad de género, representan graves infracciones a ese derecho, contrarias a las obligaciones que posee el Estado chileno de no discriminar por identidad, como expresamente lo declara la Corte Interamericana en el caso Atala vs. Chile.»

Una educación libre de violencia que asegure un entorno adecuado para NNA LGTBI, donde la comunidad educacional reconozca y celebre la diversidad de orientación e identidad de género es aún lejana. «Si se suma a lo anterior (…) la falta de reconocimiento de esa diversidad en los programas oficiales que aplican los establecimientos, se configura un panorama de negación y desprotección que solo causa -y continuará causando- graves violaciones a quienes son más vulnerables y necesitados de la protección del Estado: los niños, niñas y adolescentes gays, lesbianas, bisexuales, trans e intersex.»

Recomendaciones para el Estado chileno
1. Una pronta aprobación de la Ley de Identidad de Género, que permita, por medio de un procedimiento administrativo expedito, el cambio de nombre y sexo registral sin necesidad de exámenes médicos, reconociéndose también plenamente el derecho a la identidad de los NNA.
2. Aprobar el proyecto de matrimonio igualitario que contemple filiación, dando cumplimiento al Acuerdo de Solución Amistosa alcanzado con el Movilh, que reconozca la igualdad de condiciones entre parejas del mismo y distinto sexo.
3. En materia de adopciones, hacer mención expresa al reconocimiento de personas LGBTI como posibles adoptantes, sin efectuar ninguna distinción o diferenciación con sus pares heterosexuales.
4. Ingresar un proyecto que asegure a todas las personas, sin importar su orientación sexual o identidad de género, igual acceso a las técnicas y terapias de reproducción asistida.
5. En materia educacional, modificar los programas y las prácticas educacionales con el fin de dar efectivo reconocimiento a la diversidad de orientación sexual, identidad y expresión de género en el ámbito escolar y asegurar el cumplimiento de los instructivos y orientaciones que aseguran ese reconocimiento, como asimismo investigar y sancionar efectivamente los actos de violencia contra personas LGTBI en ese ámbito.

Informe Anual sobre Derechos Humanos en Chile 2017