El pasado 22 de abril, en dependencias del Salón de Honor del Palacio de Tribunales, se llevó a cabo el seminario “Cumplimiento en Chile de sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, instancia organizada por la Segunda Sala de la Corte Suprema.

En un contexto normativo caracterizado por la ausencia de una regulación específica que permita ejecutar y dar cumplimiento a las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el seminario tuvo por objeto reflexionar acerca de los mecanismos de los que se ha dotado la Corte Suprema para implementar las decisiones del tribunal interamericano, en particular aquellas que han implicado la revisión jurisdiccional de causas judiciales, como ocurrió recientemente con el Caso Vega González y Otros vs. Chile.

El seminario fue inaugurado por la presidenta la Corte Suprema, ministra Gloria Ana Chevesich Ruiz y por el presidente de la Segunda Sala de dicha Corte, ministro Manuel Antonio Valderrama Rebolledo. En el primer panel expuso Fernando Rabat, ministro de Justicia y Derechos Humanos; y Patricia Pérez, vicepresidenta de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En el segundo panel presentó Leopoldo Llanos, ministro de la Corte Suprema encargado de asuntos de Derechos Humanos e integrante de la Segunda Sala; Javier Couso, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales; y, Priscila Machado Martins, profesora de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica. Ambos paneles fueron moderados por la ministra de la Corte Suprema, e integrante de la Segunda Sala, Cristina Gajardo.

Durante el debate se abordaron temáticas relativas a la necesidad de contar con una regulación específica sobe mecanismos de ejecución de sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que otorgue certeza jurídica y uniforme los criterios de implementación, cómo comprender los límites y alcances de la figura de la cosa juzgada frente a la revisión de decisiones jurisdiccionales, y los esfuerzos desarrollados por la Corte Suprema para ejecutar las resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

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