El pasado mes de enero de 2022, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos presentó su informe sobre la “Situación de Derechos Humanos en Chile”, a partir de la visita in loco realizada al país entre el 25 y el 31 de enero de 2020, que se enfocó en la revisión del estado de los derechos humanos a partir de las protestas realizadas en el contexto del denominado del “estallido social”.

El texto se estructura en cuatro ejes temáticos, en los que analiza el efecto de la institucionalidad democrática y el Estado de Derecho en los orígenes y el impacto del estallido social, las demandas históricas de la sociedad chilena en el marco de las protestas sociales, la respuesta del Estado de Chile a las manifestaciones y sus exigencias, así como las medidas adoptadas por éste para atender las demandas de la población. Finalmente, el informe formula recomendaciones al Estado de Chile y a sus distintos órganos. 

En el primer capítulo temático, el texto revisa la relación entre el estallido social de octubre de 2019 y la institucionalidad democrática chilena vigente, en cuanto reconoce que las manifestaciones y protestas, atribuyendo en la configuración del Estado parte del origen del malestar ciudadano,  demandaron a la estructura institucional soluciones y respuestas relativas al acceso a la justicia y a la protección judicial de algunos derechos humanos, particularmente en el derecho a la libertad de expresión y en la garantía y el ejercicio de los derechos sociales, en observancia con el principio de igualdad y no discriminación.

Luego, en su segunda sección, el documento examina las demandas históricas en materia de derechos humanos expresadas en el estallido social. En ese sentido, sostiene que muchas de las reclamaciones sociales manifestadas en las protestas se relacionan con situaciones estructurales de desigualdad que han dificultado el goce y ejercicio de los derechos sociales para variados grupos de la población, afectando, por ejemplo, su acceso la salud, a la seguridad social, a la educación y a los recursos naturales, entre otros.

En el tercer apartado, el Informe analiza la situación asociada a la represión a manifestantes en las protestas sociales y denuncias de violaciones de derechos humanos acaecidas en el marco del estallido social. En ese orden y contexto, advierte circunstancias en las que, por parte del Estado y sus agentes, se ha criminalizado la protesta social, se ha aplicado un uso desproporcionado y excesivo de la fuerza en las respuestas a las movilizaciones y se ha restringido la libertad de expresión y los derechos de reunión, asociación y participación política de los manifestantes. Asimismo, observa con preocupación el “elevado número de víctimas de graves violaciones a los derechos humanos en el contexto de las protestas por el accionar de las fuerzas del orden”.

En su apartado cuarto, el Informe revisa las medidas adoptadas e informadas por el Estado de Chile para atender las consecuencias y las demandas sociales del estallido social. Así, la Comisión considera la presentación de acciones judiciales, así como los procesos judiciales en trámite y aquellos finalizados. Por otro lado, la Comisión también señala que ha dado seguimiento “al estado de las investigaciones por apremios ilegítimos, torturas y violencia institucional; de las investigaciones a cargo de la Fiscalía Nacional; de los procesos sancionatorios contra funcionarios de las fuerzas del orden; de la creación de una comisión especial por el Congreso; así como de investigaciones iniciadas contra altas autoridades del Estado por sus eventuales responsabilidades durante el estallido social”.

Por otro lado, y en el mismo acápite, la Comisión valora las reformas institucionales emprendidas tras las protestas. En particular, celebra el inicio del proceso constituyente, reconociendo que significa “un espacio de diálogo para canalizar diferentes demandas y una vía de atención a la conflictividad social”.

Finalmente y en relación a las recomendaciones, el Informe formula al Estado de Chile una serie de observaciones y propuestas, dirigidas a proteger y asegurar los derechos humanos mediante la aplicación adecuada y efectiva de los estándares internacionales en los temas tratados. De ellas, y entre las concernientes al Poder Judicial, destacan las siguientes recomendaciones:

Sobre el derecho a la protesta social:

-Adoptar medidas especiales para combatir todas las formas de violencia contra niñas, adolescentes y mujeres en el contexto de protestas sociales, en particular garantizar mecanismos de acceso a la justicia, incluyendo mecanismos de denuncia, atención, investigación y reparación con perspectiva de género, de proximidad y atención con personal especializado.

Sobre el acceso a la justicia:

–Garantizar el acceso a la justicia y debido proceso de los pueblos indígenas y personas afrodescendientes disponiendo de recursos judiciales efectivos, y demás garantías judiciales que contemplan los estándares de derechos humanos. Incluyendo un enfoque de pertinencia cultural.

Sobre memoria, verdad y justicia:

-Asegurar el avance de la investigación de los hechos relacionados con graves violaciones a los derechos humanos, identificando, juzgando y en su caso, sancionando a los responsables; bien como remover y abstenerse de recurrir a excluyentes de responsabilidad, u otras medidas que impidan la investigación, juzgamiento y sanción de estos delitos conforme a la normativa aplicable a hechos de la misma gravedad.

–Adoptar medidas que fortalezcan los procesos de identificación, señalización, creación o recuperación, preservación de los sitios de memoria, así como su gestión sustentable, con la participación de las víctimas en todas las etapas, y en armonía con los estándares internacionales en la materia.

Sobre demandas históricas respecto de igualdad y no discriminación en relación con los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (DESCA):

–Fortalecer el contenido y protección de los DESCA, inclusive mediante mecanismos de acceso a la justicia o justiciabilidad; particularmente respecto de los derechos a la salud, educación, seguridad social, agua, medio ambiente y acceso a recursos naturales.

El informe se encuentra disponible en: http://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/2022_chile.pdf