El pasado miércoles 12 de octubre, la Dirección de Estudios de la Corte Suprema participó en la 17ª sesión de la Comunidad de práctica intergubernamental sobre empresas y derechos humanos en América Latina y el Caribe, plataforma de cooperación coordinada por el Proyecto CERALC (Conducta Empresarial Responsable para América Latina y el Caribe) y por la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), con la colaboración de la OIT y la OCDE.

Este espacio, integrado por 12 países de la región y que ya cuenta con 17 sesiones celebradas, tiene como objetivo constituir una plataforma para que los gobiernos de América Latina puedan compartir periódicamente experiencias y desafíos en relación al fortalecimiento de los Planes de Acción Nacional de Derechos Humanos (PAN) y, en general, al desarrollo de medidas que estimulen buenas prácticas  en la materia. 

En ese contexto, el tema de la sesión, realizada en formato telemático, consistió en analizar y discutir sobre el modo en que los Estados pueden asegurar la eficacia de los mecanismos de reparación en caso de abusos de derechos humanos relacionados a empresas, y que rol pueden cumplir los planes nacionales de acciones sobre empresas y derechos humanos en este propósito. En ese sentido, se instó a los participantes a compartir prácticas actuales, dirigidas a aumentar la difusión sobre los contenidos de Derechos Humanos y Empresas, así como mejorar las oportunidades de acceso a la justicia respecto de quienes sufren abusos de derechos humanos relacionados con la actividad empresarial.  

El encuentro fue dirigido por Alexia Ghyoot, de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas (ACNUDH), y contó con las presentaciones de Melissa Ortiz,  del proyecto Conducta Empresarial Responsable para América Latina y el Caribe (CERALC) desde la Unidad de Empresas y Derechos Humanos de la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas; del Prof. Humberto Cantú, Director del Instituto de Derechos Humanos y Empresas de la Universidad de Monterrey y Director de la Academia Latinoamericana de Derechos Humanos y Empresas; de Mariana Grosso, de la Defensoría del Pueblo de la Nación Argentina; y de la Dirección de Estudios de la Corte Suprema de Chile, representada por profesionales del Área de Derechos Humanos de la unidad.

Sobre las exposiciones, cabe destacar lo presentado por Melissa Ortiz, del proyecto CERALC desde la Unidad de Empresas y Derechos Humanos de la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas en Ginebra, quien informó sobre las orientaciones desarrolladas por la ACNUDH para mejorar la rendición de cuentas y acceso a recursos, vinculados a los mecanismos judiciales, extrajudiciales y no estatales de reparación. Por otro lado, el Prof. Humberto Cantú dio cuenta sobre el estudio y las conclusiones recogidas en el texto “Experiencias Latinoamericanas sobre reparación en materia de empresas y derechos humanos”, proyecto elaborado bajo la dirección editorial del académico y que revisa las prácticas relacionadas con los mecanismos de reparación, acceso a la justicia y determinación de responsabilidad llevadas a cabo en siete países de Latinoamérica, incluyendo Chile. Asimismo, la representante de la Defensoría del Pueblo de la Nación Argentina, Mariana Grosso, expuso sobre el rol que cabe a las instituciones nacionales de derechos humanos como facilitadoras del acceso a reparación en Derechos Humanos y Empresas.  

En ese contexto, Rafael Silva,  coordinador del área de Derechos Humanos de la Dirección de Estudios de la Corte Suprema; y Luciano Alarcón, abogado de la misma área, se refirieron al trabajo realizado y al rol que ha desempeñado el Poder Judicial en los dos Planes de Acción Nacional de Derechos Humanos y Empresas desarrollados en Chile, que han implicado acciones concretas tendientes a acercar el tema y los contendidos propios de Derechos Humanos y Empresas al Poder Judicial, y a la ciudadanía en general.

De este modo, se expuso la acción elaborada para el Primer Plan de Acción Nacional del año 2017, consistente en un análisis de tendencias jurisprudenciales, y se informó sobre los avances de la acción en desarrollo para el Segundo Plan de Acción Nacional, aprobada por el Tribunal Pleno de la Corte Suprema en febrero de este año, consistente en la publicación de una plataforma web que contendrá información sobre materias relacionadas a Derechos Humanos y Empresas, así como un repertorio temático de jurisprudencia de las Cortes de Apelaciones y de la Corte Suprema.

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