La Dirección de Estudios de la Corte Suprema (DECS) fue creada por el Acta N°4-2002 de fecha 11 de marzo de 2002, que estableció la creación de la ‘Unidad de Estudio, Análisis y Evaluación de Asuntos y Materias de interés a la función judicial’, con el objetivo de “centralizar y canalizar toda la información requerida por cualquier autoridad o institución ajena al Poder Judicial”. A partir de este mandato general, la DECS se ha posicionado como una unidad asesora tanto del Pleno como del Presidente de la Corte Suprema para asuntos no jurisdiccionales propios del gobierno judicial en los que se requiera su intervención.

A través de sus más de 20 años de historia, la Dirección ha ido adoptando progresivamente nuevas responsabilidades. Actualmente, participa como secretaría técnica de diversas mesas y comisiones asociadas a temas de relevancia para el quehacer del Poder Judicial, ejerce el rol de contraparte técnica en mesas interinstitucionales para la correcta implementación de leyes específicas, además de elaborar informes jurídicos e interdisciplinarios, minutas, discursos y realizar diversas labores a solicitud del Pleno, de Ministros/as y del Presidente de la Corte Suprema.

En tal contexto, el año 2024 estuvo marcado por su participación en diversas instancias tanto internas del Poder Judicial como externas. Expresión de lo anterior es la elaboración de 188 informes, 73 discursos y 62 minutas abordando diferentes materias del ámbito jurídico.  Además, se informaron un total de 68 proyectos de ley, en respuesta a consultas efectuadas por el Congreso.

 

Para Alejandro Soto, Director de esta Unidad, “el año 2024 implicó para nuestra Dirección diversos desafíos, tanto internos como externos, lo que nos exigió como equipo a esforzarnos al máximo para responder a las necesidades que el Presidente y el Pleno de la Corte Suprema requería”. Por lo mismo, “nuestro objetivo para este año 2025, como siempre, consiste en mantener nuestros estándares de trabajo: desarrollar productos serios y rigurosos, con alta calidad de análisis, que permitan al Pleno de la Corte Suprema, a su Presidencia y a las demás instancias que corresponda, adoptar decisiones informadas en materia de gobierno judicial”.  

 

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