Chile se encuentra suscrito al Sistema Interamericano de Derechos Humanos y, bajo este contexto, entre septiembre de 2024 y febrero del presente año, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ha notificado a Chile la dictación de sentencias en cuatro casos distintos que estaban siendo conocidos por este tribunal interamericano. En cada una la Corte IDH estableció la responsabilidad internacional del Estado por vulnerar derechos humanos establecidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH), también conocida como Pacto de San José de Costa Rica.

A continuación, se presenta un breve resumen de cada una:

El pasado 26 de septiembre de 2024, la Corte Interamericana de Derechos Humanos notificó al Estado de Chile de la adopción de sentencia en el caso “Vega González y otros vs. Chile”, relacionado con la aplicación de la “media prescripción”, establecida en el artículo 103 del Código Penal, en casos de crímenes de lesa humanidad. La Corte determinó que el Estado chileno vulneró el derecho a las garantías judiciales y la protección judicial de víctimas de desaparición forzada y ejecución extrajudicial durante la dictadura militar. Además, se declaró la responsabilidad internacional del Estado por afectar la integridad personal de los familiares de las víctimas. Entre las medidas de reparación se ordenó revisar y/o anular las reducciones de penas derivadas de la aplicación inconvencional de la media prescripción y aplicar control de convencionalidad mientras Chile no adecúe su legislación para evitar la
aplicación de dicha medida en crímenes de lesa humanidad.

La sentencia se puede descargar en el siguiente enlace:
https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_519_esp.pdf

El 21 de noviembre de 2024, la Corte Interamericana notificó la sentencia adoptada en el
caso “Huilcamán Paillama y otros vs. Chile” sobre violaciones de derechos humanos acaecidas en un proceso penal tramitado contra 135 personas del Pueblo Mapuche, en el contexto de acciones llevadas a cabo por el Consejo de Todas las Tierras entre 1989 y 1992.

La Corte concluyó que el Estado chileno transgredió el derecho a un juicio imparcial, la presunción de inocencia, la publicidad del proceso, la libertad de pensamiento y expresión, la igualdad y no discriminación, la libre determinación de los pueblos indígenas y otros derechos establecidos en la (CADH). Como reparación, la Corte IDH estableció que el Estado debe adoptar medidas para dejar sin efecto las sentencias condenatorias a solicitud de las
víctimas o sus familiares.

La sentencia se puede descargar en el siguiente enlace:
https://corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_527_esp.pdf

El 5 de diciembre de 2024, la Corte Interamericana notificó su sentencia en el caso “Galetovic Sapunar y otros vs. Chile” sobre la disolución de la radiodifusora La Voz del Sur y su posterior confiscación por el Ministerio de Defensa durante la dictadura, quedando en propiedad del Estado. Mario Galetovic, en representación de los socios de Ruiz y Compañía Ltda. (sociedad que era dueña de la radio), interpuso una acción civil para anular los
decretos que expropiaron la emisora y obtener reparación. La Corte Suprema confirmó la invalidez de los decretos, pero desestimó la demanda por prescripción. La Corte Interamericana determinó que el Estado vulneró los derechos a garantías y protección judicial, y ordenó ejercer ex officio un control de convencionalidad en la aplicación de normas sobre prescripción de acciones reparatorias en casos de violaciones a derechos
humanos.

La sentencia se puede descargar en el siguiente enlace:
https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_538_esp.pdf

El 18 de febrero de 2025 la Corte Interamericana notificó sentencia en el caso “Adolescentes recluidos en Centros de Detención e Internación Provisoria del SENAME vs. Chile” sobre violaciones de derechos humanos de 10 jóvenes fallecidos en un incendio en el Centro de Internación Provisoria y Régimen Cerrado “Tiempo de Crecer” de Puerto Montt, ocurrido el 21 de octubre de 2007, así como de otros 271 jóvenes que estuvieron recluidos en diversos centros entre 2006 y 2009. La Corte concluyó que el Estado violó los derechos a la vida, la integridad personal y los derechos del niño. Asimismo, respecto de los jóvenes
privados de libertad, se vulneraron sus derechos a un trato especial, a la reinserción social y a la protección judicial. Entre las medidas de reparación, se ordenó que los programas de formación para funcionarios del sistema de responsabilidad penal adolescente incorporen los estándares de derechos humanos en relación con adolescentes privados de libertad.

La sentencia se puede descargar en el siguiente enlace:
https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_547_esp.pdf