El día 2 de abril de 2024, la Corte Suprema informó al Congreso Nacional su opinión sobre el proyecto de ley que modifica diversos textos legales en materia de ejecución de sanciones penales (boletín N° 12.213-07), iniciativa ingresada a la Cámara de Diputados por moción parlamentaria el 18 de octubre de 2018.

Es la segunda ocasión en que se solicita la opinión de la Corte Suprema sobre este proyecto. La primera vez fue en 2018, época en la que la Corte manifestó una opinión favorable sobre la idea de someter la ejecución de las penas a un órgano jurisdiccional, recordando al efecto que reiteradamente había expresado su parecer de contar con tribunales especializados encargados de conocer y resolver los conflictos surgidos en el ámbito de la ejecución penal (Oficio N° 163-2018, de 5 de diciembre de 2018).

En esta nueva ocasión, aunque la consulta al máximo tribunal se encontraba referida a las disposiciones contenidas en el artículo 3° de la iniciativa, el informe de la Corte se extendió a otros puntos en razón de su importancia. Específicamente, la Corte Suprema hizo notar que el proyecto de ley propuesto representa un paso significativo hacia la reestructuración y mejora del sistema de ejecución penal en Chile, dando con ello respuesta a una necesidad largamente planteada por distintas voces técnicas nacionales e internacionales. No obstante ello, la Corte hizo ver que la iniciativa todavía presenta importantes falencias, como por ejemplo, que no se especifique una dotación de planta de los nuevos tribunales, que se genere una especie de doble regulación de las materias de conocimiento de los juzgados de ejecución, así como también ciertas incoherencias con otros cuerpos normativos (especialmente en materia de libertad condicional).

Estas y otras observaciones formuladas en la respuesta de la Corte Suprema al Congreso Nacional, puede verlas en detalle en el Informe Proyecto de Ley N° 13-2024.
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