El Pleno de la Corte Suprema aprobó el pasado viernes 2 de febrero (ver resolución), el texto definitivo de la Política de Igualdad de Género y No Discriminación del Poder Judicial chileno. El documento es el resultado final de un trabajo de más de tres años desarrollado por la Secretaría Técnica de Género (ad hoc en un primer momento con profesionales de las direcciones de la Corte Suprema de Comunicaciones, Asuntos Internacionales y Estudios, y a partir de julio de 2017 con una estructura permanente), bajo la conducción de la Ministra Andrea Muñoz Sánchez, que tuvo como hitos fundamentales la realización de una primera etapa de sensibilización y capacitación en materia de género a distintos miembros del Poder Judicial, y en una segunda, la realización de un estudio que levantó una serie de problemáticas en materia de desigualdad de género y discriminación, desarrollado por la Dirección de Estudios. Gracias a esos hallazgos, se realizó un proceso participativo que permitió levantar, orientadamente, más de 900 propuestas en las 17 jurisdicciones del país, con representantes de todos los estamentos de la institución, para superar las problemáticas identificadas en materias tales como estereotipos de género, discriminación y acoso sexual.

El instrumento, destacado en la portada del propio documento como un “compromiso  claro e inclaudicable de las máximas autoridades de este Poder del Estado para avanzar hacia un modelo de Justicia cada vez más inclusiva y respetuosa de la diversidad, con miras a asegurar un efectivo acceso a la justicia”, constituye un marco de orientaciones estratégicas y acciones concretas para superar las brechas identificadas y las problemáticas más urgentes tales como el acoso sexual y la discriminación que enfrentan las mujeres. Junto con aportar al cumplimiento de los compromisos internacionales suscritos por Chile, resulta consistente con la Planificación Estratégica definida por el Poder Judicial para los años 2015 a 2020 que contiene una ambiciosa agenda de modernización.

La política, junto con dar cuenta de una manera profunda a la vez que ejecutiva del marco normativo nacional e internacional en el que se inserta este trabajo, define unos principios rectores para el trabajo en materia de género y no discriminación; a saber, la igualdad, la no discriminación de género, el enfoque de género en el acceso a la justicia, la no violencia de género, y la participación e inclusión. A partir de ello, define cuatro ejes estratégicos dentro de los cuales se avanzará durante los próximos años, mediante diferentes acciones.

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