El 27 de mayo pasado, a través de su Oficio N° 98-2019, la Corte Suprema se pronunció sobre el proyecto de ley que crea un sistema de tratamiento automatizado de infracciones del tránsito y modifica las leyes N°18.287 y N°18.290 (Boletín N° 9.252-15), puntualmente, acerca de la indicación sustitutiva presidencial de 27 de junio de 2018, que reformula el cuerpo del proyecto, dotándolo de 23 artículos permanentes y 2 transitorios.

El somero informe del Pleno se limita a examinar el artículo 16 de la propuesta, que entrega competencia al Juzgado de Policía Local de la comuna donde se cometió la infracción, para las infracciones que pasen a sede judicial. En ese sentido, el considerando 6° del Informe señala que, “si bien es cierto no cambia ni la competencia, ni la jurisdicción de los juzgados de policía local, podría generar un gran aumento en el trabajo de aquellos tribunales, siendo necesario, otros estudios que permitan precisar la mayor carga de trabajo y como esto podría afectar el ingreso de causas en la Cortes de Apelaciones”.

De hecho, el eventual alza de ingresos es un hecho seguro. Según cálculos del Informe Financiero de Hacienda, se proyecta que el sistema en régimen curse 5,2 millones de multas al año, proyectándose el término de las mismas en sede pre judicial (mediante el pago rebajado, dentro de 10 días hábiles) sólo en dos tercios de los casos.

Otro dato interesante de la propuesta es que cada “cinemómetro” (cámara de control) tiene un costo de inversión e instalación superior a los 33 millones de pesos, previéndose que cada uno de estos dispositivos capte más de 18 mil infracciones al año. Además, la puesta en marcha del sistema contempla el aumento de la dotación de fiscalización en 68 personas y la inversión en Software por un monto de $4.998 millones.

Finalmente, los ministros Muñoz G., Dolmestch y Blanco, plantearon en forma particular sus reparos, señalando que el sistema propuesto prescinde de la certificación de un ministro de fe que acredite el hecho que motiva la infracción y que, en gran medida, pasa por alto la intervención judicial, “dotando a un elemento que hasta la fecha había tenido el carácter de mecanismo de acreditación de tales eventos y que exigía la presencia de un ministro de fe que respaldara su mérito, de un carácter jurisdiccional del cual evidentemente carece”.

Para más detalles, véase el Informe Proyecto de Ley N° 18-2019 (Oficio N° 98-2019).
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