La Corte Suprema, mediante el Oficio N° 241, de 16 de octubre pasado, emitió su informe relativo al proyecto de ley sobre “modificación del Código Orgánico de Tribunales, en lo relativo a la calificación y remoción de los administradores de tribunales” (Boletín N° 6464-07).

La figura del administrador de un tribunal se introdujo en nuestro ordenamiento junto con la Reforma Procesal Penal, con la finalidad de separar las funciones administrativas de las jurisdiccionales, buscando la profesionalización de las primeras, lo que más tarde se extendió a las judicaturas también reformadas, de Familia y Trabajo.

En ese contexto, el proyecto busca modificar el régimen de calificaciones y de remoción de quienes ocupan dicho cargo de administrador, proponiendo, que la calificación de estos funcionarios se funde en un único informe a cargo del ministro visitador respectivo, y no como opera hoy en día, en base a los informes confeccionados por el Comité de Jueces y por la Corporación Administrativa del Poder Judicial. Por su parte, respecto a la remoción, se proponen varios cambios, siendo el principal aquel que traspasa la decisión de remoción, del comité de jueces, al presidente de la Corte de Apelaciones respectiva.

Frente a esta propuesta, el Pleno informó negativamente su contenido, estimando que el proyecto sería “perjudicial para salvaguardar de forma correcta y oportuna la gestión de los tribunales, al dejar al margen de la decisión de remover –o no hacerlo– a quienes ejercen la función jurisdiccional que puede verse afectada por una mala administración” (p. 5).

Para más detalles, véase el Informe Proyecto de Ley N° 35-2019 (Oficio N° 241-2019)