El 12 de febrero pasado se publicó en el Diario Oficial la Ley N° 21.732 que determina conductas terroristas, fija su penalidad y deroga la Ley Nº 18.314. La nueva normativa, que se tramitó en el Congreso Nacional con el boletín N° 16.224-25, reemplaza la legislación anterior con el propósito de actualizar la regulación en la materia, responder a los desafíos del terrorismo en el mundo contemporáneo, así como fortalecer la capacidad del Estado para prevenir, investigar y sancionar estos delitos, alineando el marco jurídico nacional con los estándares internacionales y los tratados suscritos por Chile.

Desde una perspectiva técnica, el proyecto se elaboró tomando como referencia la experiencia legislativa de países como España, Alemania y Estados Unidos, con el objetivo de mejorar la eficacia en la persecución del terrorismo. En este sentido, introduce cambios en la tipificación de estos delitos, estableciendo definiciones más claras que permitan superar las dificultades probatorias de la normativa anterior.

Uno de los aspectos más relevantes de la reforma es la penalización de la asociación terrorista, sancionando la sola pertenencia a estas organizaciones sin necesidad de que sus integrantes hayan cometido delitos. Se incorporan también los delitos terroristas individuales, permitiendo sancionar a quienes actúan de manera autónoma con el fin de generar terror en la población. Asimismo, se establecen delitos de especial gravedad que serán considerados automáticamente como actos terroristas, como la colocación de explosivos o los atentados contra altas autoridades del Estado.

En el ámbito de la investigación penal, la normativa amplía las herramientas disponibles, incluyendo interceptación de comunicaciones, vigilancia encubierta y el uso de tecnología avanzada como el IMSI Catcher. Junto con esto, se refuerzan las medidas de protección para jueces, fiscales y testigos y se establecen nuevas reglas para facilitar la cooperación eficaz en las investigaciones del Ministerio Público.

Desde la perspectiva de su tramitación, el proyecto que dio origen a la nueva legislación contó con tres informes de la Corte Suprema, en los que destacó como positiva la intención de actualizar la legislación antiterrorista chilena para alinearla con los estándares internacionales y analizó diversos aspectos de la propuesta que estaba en discusión parlamentaria.

En definitiva, la nueva Ley Antiterrorista moderniza la persecución de estos delitos, incorporando herramientas más sofisticadas y una tipificación más clara de las conductas sancionadas. Sin embargo, su implementación no está exenta de desafíos. Su aplicación representará un reto significativo para los operadores jurídicos, particularmente para los tribunales de justicia, que deberán garantizar un equilibrio entre la eficacia en la investigación y el respeto a los principios fundamentales del derecho penal, asegurando que el endurecimiento normativo no derive en afectaciones indebidas a los derechos y garantías procesales de los imputados.

Para conocer el detalle de la Ley N° 21.732 puede pinchar el siguiente enlace: https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1211036

Para conocer la tramitación del proyecto que dio origen a la referida ley, puede consultar el siguiente link: https://www.camara.cl/legislacion/ProyectosDeLey/tramitacion.aspx?prmID=16775&prmBOLETIN=16224-25