El pasado 30 de enero de 2024, mediante Oficio N° 37-2024, el Máximo Tribunal despachó su informe relativo al proyecto de ley que “Modifica la ley N° 20.600 en materia de sanciones aplicables al responsable por el daño ambiental” (Boletín N° 16.449-12).

El proyecto parte de la base que la legislación en materia ambiental padece de un vacío que debe ser colmado, ya que la normativa, según refiere la moción, “no se refiere al destino último de los recursos recaudados”.

Por lo anterior, la iniciativa legal tiene como objetivo la modificar la ley para incluir la posibilidad de que el monto y/o parte de lo recaudado por concepto de daño ambiental, sea destinado a una posible solución o medidas de mitigación o acciones preventivas futuras del o los territorios que se vieron afectados por los daños ambientales provocados.

En sus observaciones, la Corte señala que el análisis jurisprudencial revela que los tribunales ya ordenan, en la práctica, medidas de reparación, mitigación y prevención efectivas en los casos de daños ambientales.

En relación con la propuesta de modificación del artículo 44 de la Ley N° 20.600, se observa que la redacción que se propone, podría expresarse más claramente para los efectos de reflejar de manera directa la intención declarada en los fundamentos del proyecto. La propuesta se centra en la potestad de los tribunales de imponer medidas reparatorias, mitigadoras o preventivas, correspondiendo que aborde de manera explícita la asignación de recursos recaudados (todo sin perjuicio de la reserva en la competencia de los Tribunales Ambientales respecto de las acciones compensatorias).

Para ver en detalle el Oficio N° 37-2024, hacer clic aquí.