El pasado 10 de agosto, la Corte Suprema informó al Congreso Nacional su opinión sobre el proyecto de ley que Modifica la Ley General de Urbanismo y Construcciones en materia de plazos y sanciones por incumplimiento (boletín N° 15.534-14), iniciado por moción parlamentaria en la Cámara de Diputados.

El proyecto en cuestión tiene por objeto simplificar los procedimientos administrativos de construcción que contemplan al ante proyecto de construcción, el informe de mitigación de impacto vial y el permiso de edificación para reducir los plazos; y responsabilizar a las Direcciones de Obra Municipal, a los Servicios de Vivienda y Urbanización, a las Secretarías Regionales Ministeriales de Transporte y Telecomunicaciones y al Conservador de Bienes Raíces por las demoras injustificadas en el despacho de instrumentos esenciales para el desarrollo de un proyecto inmobiliario.

En su informe al proyecto, la Corte Suprema hizo notar algunas deficiencias en la técnica legislativa empleada, que podrían generar confusiones futuras. Además, el informe recordó lo ya sostenido por el máximo tribunal en numerosas ocasiones, en torno a los procedimientos contencioso administrativos, partiendo por la necesidad de que se solucione la dispersión regulatoria que con el tiempo se ha venido acentuando.

Estas y otras observaciones formuladas en la respuesta de la Corte Suprema al Congreso Nacional, puede verlas en detalle en el Oficio N° 90-2023.
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