Corte Suprema informa sobre el proyecto de ley modifica diversos cuerpos legales, con el objeto de agravar las sanciones en el caso de entrega o exhibición de material pornográfico e inadecuado a menores de catorce años
20/11/2026
El pasado 10 de noviembre de 2026, mediante Oficio N° 312-2026, el máximo tribunal despachó su informe relativo al proyecto de ley que “Modifica diversos cuerpos legales, con el objeto de agravar las sanciones en el caso de entrega o exhibición de material pornográfico e inadecuado a menores de catorce años” (Boletín N° 18.442-07), iniciado por moción parlamentaria.
El proyecto tiene por objetivo reforzar la protección de la indemnidad sexual de niños, niñas y adolescentes mediante modificaciones al Código Penal y al Código Procesal Penal. Para ello, propone ampliar las conductas sancionadas y la definición de material pornográfico, incluyendo contenidos escritos y generados mediante inteligencia artificial, y eliminar la exigencia de una finalidad de excitación sexual en determinadas hipótesis. Asimismo, contempla exclusiones para contenidos educativos, sanitarios, científicos, terapéuticos, judiciales o preventivos adecuados a la edad y desarrollo de sus destinatarios, e introduce modificaciones sobre el pago de costas y la reparación de los daños sufridos por las víctimas.
En su informe, la Corte realiza principalmente observaciones en torno a la duplicación de conductas penales, la eliminación de la facultad judicial de eximir del pago de costas, la regulación de las partidas indemnizatorias y los efectos presupuestarios y de carga de trabajo que podría generar la iniciativa.
En primer término, advierte que los dos primeros incisos del artículo 366 quáter propuesto describen la conducta de exhibir material pornográfico a una persona menor de catorce años, sin precisar sus diferencias ni explicitar, respecto del segundo inciso, una motivación del autor que justifique su regulación separada. En consecuencia, señala que podría estarse regulando una misma conducta en dos incisos distintos del mismo precepto, generando dificultades interpretativas para los tribunales con competencia penal.
Respecto de las costas, el máximo tribunal examina la propuesta de impedir que las personas condenadas por los delitos de los artículos 366 quáter y 366 quinquies sean eximidas de su pago. Explica que las reglas que excluyen esta posibilidad suelen asociarse a comportamientos procesales que se busca desincentivar o a situaciones en que el litigante pudo poner término anticipado al procedimiento. Sin embargo, estima que la modificación propuesta responde, más bien, al propósito de asegurar el resarcimiento de la víctima. Desde esa perspectiva, observa que, si su fundamento es otorgarle mayor protección, no resulta coherente circunscribir la medida a los delitos señalados, sin extenderla a otros casos.
En materia de responsabilidad civil, el informe formula reparos a la modificación del artículo 59 del Código Procesal Penal. Junto con considerar impropia la imposición de un deber de incluir determinados daños en la demanda, cuestiona que los gastos de atención médica, psicológica, psiquiátrica, terapéutica o de reparación especializada se presenten como rubros adicionales al daño patrimonial y extrapatrimonial. Explica que esos desembolsos, tanto pasados como futuros, ya forman parte del daño patrimonial indemnizable. Por ello, la redacción podría inducir a interpretar erróneamente que tales gastos no son actualmente resarcibles o que constituyen una categoría distinta, generando confusiones al aplicar el derecho.
Para más detalles, véase el informe del proyecto de ley contenido en el Oficio N° 312-2026.
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