El pasado 17 de agosto, mediante Oficio N° 150-2020, la Corte Suprema informó al Congreso su opinión sobre la iniciativa que “prohíbe la prisión preventiva para imputados por delitos durante el período de crisis sanitaria” (boletín N° 13.403-07).

El referido proyecto de ley se encuentra en primer trámite constitucional y fue iniciado por moción el día 8 de abril del presente año. El objetivo de la iniciativa es establecer “criterios para disminuir la cantidad de imputados en prisión preventiva de forma transitoria durante la crisis sanitaria, con el objeto de reducir la población penitenciaria y aminorar los riesgos de una propagación del COVID-19 dentro de los cárceles”. Fundamenta su propuesta, entre otras consideraciones, en la “preocupación que existe respecto (…), la que habría sido expresada por organismos internacionales y nacionales de derechos humanos”. En este sentido se propone una modificación a la legislación procesal penal para que durante la pandemia, en determinadas situaciones, se apliquen medidas cautelares menos gravosas que la prisión preventiva, en particular las del artículo 155 del CPP. Los casos a que se refiere la iniciativa serían aquellos en que se trate de imputados por delitos con penas de simples delitos, que no hubiesen sido condenados con anterioridad, que no impliquen peligro para la víctima, así como personas mayores de 60 años y mujeres embarazadas o con hijos o hijas menores de dos años.

Al respecto, la Corte consideró que “la moción que se ha solicitado informar sobrepasa el ámbito de lo previsto en la Carta Fundamental, toda vez que se trata de un asunto sustantivo y no procesal, por lo que no se encuentra dentro de aquellas materias a las que, por expreso mandato constitucional, corresponda el pronunciamiento de esta Corte Suprema”, por lo que resolvió omitir pronunciamiento.