El pasado 31 de enero, mediante Oficio N° 37-2023, la Corte Suprema informó al Congreso Nacional su opinión del proyecto de ley que modifica diversos cuerpos legales con el objeto de perfeccionar las sanciones a delitos perpetrados por funcionarios públicos y limitar el acceso a salidas alternativas y a las penas sustitutivas que se indican (Boletín N° 14.911-07).

 

El proyecto de ley, compuesto de tres artículos, busca introducir a la legislación un agravamiento en las penas de ciertos delitos vinculados a la esfera de acción de los funcionarios públicos, así como una exclusión general de la posibilidad de decretar la suspensión condicional del procedimiento o algunas de las penas sustitutivas de la Ley N° 18.216, en relación a los imputados por cualquiera de los delitos establecidos en el Título V “De los crímenes y simples delitos cometidos por empleados públicos en el desempeño de sus cargos” del Libro Segundo del Código Penal.

 

En su informe, la Corte Suprema advirtió sobre la necesidad de que el modelo punitivo resulte coherente con los principios de proporcionalidad, eficacia y eficiencia, como con el imperativo de que los tribunales y los fiscales del Ministerio Público cuenten con suficiente espacio discrecional para dar cuenta de las peculiaridades de cada caso. 

 

Por estas razones, el informe concluye indicando algunos aspectos que deberían ser revisados por el legislador; a saber, la anomalía que causa la modificación propuesta al artículo 248 del CP, y la afectación a los principios de eficiencia y proporcionalidad que se produce al eliminar la posibilidad de decretar la suspensión condicional del procedimiento y de las penas sustitutivas, para la totalidad de los delitos establecidos en el Título V del Libro Segundo del CP. 

 

El informe de la Corte del proyecto de ley en comento y sus detalles pueden consultarse en el Informe del Proyecto de Ley N° 12-2022 (Oficio N° 37-2023)
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