El día 2 de diciembre de 2025, a través de Oficio N° 274-2025, la Corte Suprema informó el proyecto de ley que “Modifica la ley N°20.065, a fin de encargar al Servicio Médico Legal la identificación de restos humanos bajo su custodia, correspondientes a víctimas de violaciones a los derechos humanos” (Boletín N° 17.095-17).

 

Este proyecto de ley tiene por objetivo llevar a cabo la identificación de los restos óseos que actualmente se encuentran bajo la custodia del Servicio Médico Legal, con el propósito de prevenir que el Estado cause un sufrimiento adicional a los familiares de aquellos cuyos restos están bajo la protección de dicho Servicio, para lo cual le instruye llevar a cabo los peritajes pertinentes a fin de determinar sus identidades, en relación con aquellos casos que no cuenten con orden judicial, vinculados a presuntos detenidos desaparecidos y ejecutados políticos durante el régimen militar.

En su informe, el máximo tribunal señala de forma preliminar que, la materia consultada no corresponde a aquellas dispuestas en el artículo 77 de la Constitución Política de la República y que el Servicio Médico Legal no es un auxiliar de la administración de justicia, sino que un servicio dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. 

 

Respecto al fondo de la propuesta, la Corte observa una incongruencia de esta al sugerir que el servicio debe "dar prioridad a aquellos casos que involucren violaciones a los derechos humanos". La crítica radica en que la pericia del SML es justamente lo que permitirá recién calificar esos restos como víctimas de violaciones a los derechos humanos.

 

Asimismo, destaca que el proyecto no tiene incidencia alguna en las atribuciones judiciales. La propuesta se limita a crear un mecanismo de reporte semestral al Congreso sobre el avance de la identificación de los restos óseos, empero, los antecedentes de relevancia para la investigación penal seguirán siendo aquellos ordenados en el marco del proceso penal.

 

Finalmente, la Corte subraya que, aunque el proyecto de ley no afecte las atribuciones judiciales, es importante poner de relieve que la iniciativa debiese asegurar la capacidad efectiva del Servicio para dar cumplimiento oportuno a las órdenes judiciales actuales, además de la función que la propuesta legal añade.

 

El informe de la Corte del proyecto de ley en comento y sus detalles pueden consultarse en el Informe del Proyecto de Ley N° 64-2025 (Oficio N°274-2025).
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