Con fecha 29 de septiembre de 2026, a través del Oficio N° 262-2026, la Corte Suprema informó al Congreso Nacional respecto al proyecto de ley que “modifica la Ley N° 17.798 sobre control de armas, con el objeto de fortalecer la trazabilidad, custodia y control de armas de fuego”. (Boletín N° 18.335-02).

La iniciativa parlamentaria busca fortalecer el sistema nacional de control de armas mediante el establecimiento de mayores estándares de custodia, trazabilidad y responsabilidad respecto de armas de fuego y sus componentes. El objetivo es prevenir su pérdida, desvío o transferencia hacia organizaciones criminales y reforzar la fiscalización estatal. 

Para ello, la propuesta pretende incorporar en la Ley N° 17.798 una serie de disposiciones dirigidas a crear deberes de resguardo, custodia y trazabilidad de los elementos sujetos a control, establecer nuevos delitos y circunstancias agravantes y establecer para ellos la pena de comiso de bienes y su destino.

El análisis de la Corte Suprema se concentró exclusivamente en esta última materia, por cuanto, al establecer la pena de comiso para nuevos delitos, e introdujo una nueva atribución de los tribunales, consistente en disponer la destrucción, inutilización, aprovechamiento institucional o destino conforme a la ley de las especies decomisadas.

Al respecto, el máximo tribunal advierte dos cuestiones que requieren aclaración legislativa. 

En primer lugar, observó que se produciría una contradicción evidente si se exceptúa del comiso a determinados elementos para devolverlos a sus titulares (“terceros de buena fe”) cuando la comisión de estos delitos supone precisamente la inobservancia de las reglas de control de armas. 

En segundo lugar, sobre la atribución judicial para disponer la “destrucción, inutilización, aprovechamiento institucional o destino conforme a la ley”, estimó inconveniente entregar dicha decisión a los jueces por carecer de experticia técnica, no asegurar una aplicación uniforme y tratarse de una función propia de la autoridad administrativa; por ello, sugirió eliminar esta atribución o requerir la intervención de la autoridad competente en el proceso penal para solicitar el destino de las especies.

Estas y otras consideraciones pueden consultarse en detalle en el Informe del Proyecto de Ley N° 24-2026 (Oficio N° 262-2026).