Con fecha 14 de julio de 2026, por medio del Oficio N° 184-2026, la Corte Suprema dio su parecer al Congreso Nacional respecto del proyecto de ley que “Modifica el Gobierno Judicial y Crea el Consejo de Nombramientos Judiciales”, iniciativa que refunde los Boletines N° 17.193-07, 12.607-07, 14.192-07, 16.852-07, 16.979-07, 17.115-07, 17.144-07 y 17.150-07.

La iniciativa tiene por objeto modificar el gobierno judicial y establecer un nuevo sistema de nombramientos judiciales; estatuir nuevos órganos autónomos encargados de la administración y gestión de los recursos; dotar a la Fiscalía Judicial de atribuciones para velar por la conducta de los jueces; y crear un tribunal de conducta judicial.

En su análisis, la Corte Suprema advierte que, como resultado de esta reforma se experimentaría la extinción integral de su poder de mando y dirección del máximo tribunal, al suprimirse la superintendencia constitucional consagrada en el artículo 82 de la Constitución. En el nuevo diseño, el tribunal queda relegado a ser únicamente el máximo órgano jurisdiccional, y carecería de facultades críticas que actualmente tiene. De modo que la administración y gestión del Poder Judicial deja de ser una unidad bajo el mando de la Corte Suprema para atomizarse en diversas entidades: el Consejo de Nombramientos Judiciales, la Fiscalía Judicial, el Tribunal de Conducta Judicial y el órgano autónomo de administración de recursos encargado de la gestión financiera, tecnológica y material.

El máximo tribunal señala que, en la propuesta aprobada, y a pesar de los esfuerzos formulados mediante indicaciones parlamentarias, no parece encontrarse respuesta integral respecto a la titularidad de la dirección sistémica del gobierno judicial.

No obstante lo anterior, la Corte Suprema recordó que comparte el diagnóstico sobre la necesidad de diferenciación clara de los roles administrativos de los jurisdiccionales, postura sostenida por más de una década. En el informe se detallan los avances significativos del texto aprobado en primer trámite constitucional, aportándose antecedentes de contexto para comprender las implicancias de estos trascendentales cambios, sugerencias para su perfeccionamiento y datos para dimensionar la envergadura del desafío que se avecina para quienes desplieguen tareas de gobierno judicial.

Estas y otras consideraciones pueden consultarse en detalle el Informe del Proyecto de Ley N° 22-2026 (Oficio N° 184-2026).