El 3 de octubre de 2023, a través del Oficio N° 256-2023, la Corte Suprema dio su parecer al Congreso Nacional sobre el proyecto de ley que deroga la Ley N° 18.314, que determina las conductas terroristas y fija su penalidad, y establece una nueva ley antiterrorista (Boletín N° 16.224-25).

La Corte comenzó su análisis resaltando el que consideró constituía el objetivo primordial del proyecto, a saber: actualizar la legislación nacional en materia de terrorismo para alinearla con las directrices establecidas por los convenios internacionales que Chile ha suscrito en la materia.

El informe prosiguió refiriéndose a las disposiciones establecidas en los artículos 18 (regla de penalidad y determinación de pena) y 19, 20 y 21 (a propósito de las diligencias especiales de investigación). Ello, en el entendido de que son estas reformas las que más directamente inciden en las atribuciones de los tribunales de justicia de nuestro país, de conformidad a lo prescrito en el artículo 77 de la Constitución Política de la República. 

En relación a todas estas reformas el informe consideró que, no obstante la loable inspiración de la iniciativa, ella presentaba algunas falencias que valdría la pena perfeccionar, en atención a los posibles ámbitos de responsabilidad del Estado de Chile que podrían originarse, y la existencia de espacios de regulación que resultaban extremadamente laxos.

De este modo, consideró que el legislador debía repensar, entre otras materias, “la manera en que se regulan las reglas de penalidad y determinación de la pena y la amplitud de aplicación de diligencias especiales de investigación, habida consideración el enorme margen de discrecionalidad a que la definición de delito terrorista pudiere dar lugar”.

 

El informe del proyecto de ley en comento y sus detalles pueden consultarse en el Informe del Proyecto de Ley N° 40-2023 (Oficio N° 256-2023).
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