Corte Suprema informa al Congreso su postura frente a proyecto de nueva ley de copropiedad inmobiliaria
04/10/2019
Uno de los resquemores del informe radica en que, dado el tenor de la propuesta, se debilitaría la función jurisdiccional de los tribunales.
El pasado 03 de octubre, mediante Oficio N° 234-2019, el máximo tribunal despachó su informe relativo al proyecto de ley sobre nueva Ley de Copropiedad Inmobiliaria (Boletín N° 11.540-14), iniciado por mensaje presidencial en el Senado el 14 de diciembre de 2017.
En su informe, la Corte Suprema analizó las motivaciones y contenido del proyecto, y realizó observaciones a las propuestas de modificaciones legales.
En particular, la Corte informó respecto de la norma consultada –el inciso 4° del artículo 10–, que establece un medio autocompositivo sui generis, en el cual se le atribuye al juez de policía local la potestad de proponer enmiendas de disposiciones viciadas del reglamento de copropiedad, en aquellos casos en que el solicitante sufriese un perjuicio que no sea reparable sólo con la declaración de nulidad, las cuales deberán ser votadas por la asamblea de copropietarios.
Sobre ello, el máximo tribunal estimó que la normativa propuesta debilita la función de resolución de conflictos propia de los tribunales, pues la decisión del juez de policía local no se podrá imponer a las partes en atención al establecimiento de la votación por la asamblea. En relación con ello, la Corte hizo presente que de resultar rechazada la propuesta de enmienda, el conflicto no será resuelto y los vicios de nulidad seguirán produciendo efecto.
Por otro lado, en la hipótesis en que la asamblea no se pronuncie sobre la propuesta de enmienda –y por ello se deba aplicar–, la Corte Suprema reiteró una opinión anterior emitida respecto del mismo proyecto de ley, mediante la cual manifestó que el ejercicio de la potestad de enmienda podría llevar a intervenir el pacto que adoptaron los copropietarios.
La decisión de informar desfavorablemente el proyecto fue acordada con voto en contra del ministro Sergio Muñoz, quien sostuvo que la propuesta permite una relación más fluida entre los tribunales y las partes, así como la solución del conflicto mediante el acuerdo de los interesados.
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