En sesión de fecha 18 de julio de 2019, el pleno del máximo tribunal de la República tomó conocimiento del proyecto de ley que perfecciona los procedimientos penales en materia de extradición, iniciativa ingresada al Congreso mediante mensaje presidencial y que se encuentra actualmente en primer trámite constitucional (Boletín N° 12.664-07).

El proyecto, que persigue modificar los códigos Procesal Penal y de Procedimiento Penal, introduce algunas innovaciones en materia de extradición.

Así, en la extradición activa se incorpora una salvaguarda de no aplicar una pena superior a la máxima prevista en el Estado requerido y se reconoce en nuestro ordenamiento interno la seguridad de abono del tiempo de privación de libertad por medida cautelar o detención previa en el Estado requerido.

Mientras tanto, en la extradición pasiva se establece expresamente que tal requerimiento es procedente respecto de personas condenadas.

Respecto de las disposiciones sometidas a su informe, la Corte destaca dos situaciones que podrían dar lugar a ambigüedades o situaciones inciertas: primero, respecto a la salvaguarda de no aplicar una pena superior a la máxima prevista en el Estado requerido, el precepto en cuestión oscila en dos posibles penas máximas: la mayor prevista para el delito por el cual se pide la extradición y la máxima contemplada en el ordenamiento jurídico de ese país.

El segundo punto incierto, agrega el informe, apunta a la ausencia de disposiciones transitorias, situación que podría generar incertidumbre sobre las normas aplicables a los procesos de extradición en curso.

Para más detalles, véase el Informe Proyecto de Ley N° 27-2019 (Oficio N° 167-2019)