El pasado 2 de abril de 2020, mediante Oficio N° 69-2020, el máximo tribunal evacuó su informe relativo al proyecto de ley que  “Modifica diversos cuerpos legales para ampliar la responsabilidad penal de las personas jurídicas, y regular el ejercicio de la acción penal, respecto de los delitos contra el orden socioeconómico que indica”, (Boletín N° 13.204-07), iniciado por moción con fecha 14 de enero de 2020.

La iniciativa pretende ampliar el catálogo de delitos de cuello blanco, cuyos beneficios económicos generalmente son de interés directo de la empresa o persona jurídica involucrada, además de incorporar el nombramiento de un interventor judicial, en adición a las penas comunes para las personas jurídicas, y finalmente agregar una circunstancia agravante cuando la organización ha sido creada como un mero instrumento para fines delictivos.

Al respecto, la Corte, invitada a pronunciarse acerca de la figura del interventor judicial, observa que en la moción analizada no se encuentra determinada la función de dicho sujeto, refiriéndose de manera difusa a su participación en ciertos casos. Además, no se especifica si existirá una lista de interventores y cuáles serán los criterios para su nombramiento.

Para más detalles, véase el Informe Proyecto de Ley N° 7-2020 (Oficio N° 69-2020)