Durante junio de 2018, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Hernán Larraín, convocó a una Comisión Asesora para guiar la labor del ejecutivo en torno a posibles ámbitos necesitados de reforma de nuestro sistema procesal penal. 

Esta comisión, que estuvo integrada por los profesores Mauricio Duce (UDP), Raul Nuñez (PUCV), Maria Elena Santibañez (PUC), Paula Vial (PUC), Jaime Winter (UChile), Gabriel Zaliasnik (UChile y presidente de la instancia), Rodrigo de la Barra (UDP), Carlos Correa (UAI), Cesar Ramos (UDP), Alejandro Espinoza (UdeC) y Ana María Morales (Paz Ciudadana), emitió el 7 de enero de este año un informe y una propuesta legislativa que fueron enviadas a la Corte Suprema para que ésta emitiera sus comentarios.

A raíz de ello, el Pleno del Máximo Tribunal acordó constituir una comisión especial conformada por los Ministros de la Segunda Sala, los señores Lamberto Cisternas R., Juan Manuel Valderrama R. y Jorge Dahm O., con la finalidad de que “participen mediante una opinión técnica y contributiva al proceso de formación del aludido proyecto de ley”.

Cumpliendo el mandato del pleno, y con la colaboración de la secretaría técnica de la Dirección de Estudios de la Corte Suprema, el comité elaboró un plan de trabajo en base al cual organizó diversas sesiones de análisis crítico, en la que se espera realizar un profundo examen de las implicancias del proyecto y su impacto en la labor del poder judicial. En dichas sesiones, además de los ministros, han participado los jueces Luis Avilés, Freddy Cubillos y Mauricio Rettig, además de los profesionales de la Dirección de Estudios de la Corte Suprema, don Alejandro Soto (director), María Ester Torres (subdirectora), Felipe Salgado y Carlos Sánchez (abogados investigadores).

Una vez que la comisión complete su cometido, se espera que emita un informe, el que conocido por el pleno, informará la opinión de la Corte sobre la materia.