Durante el segundo semestre del año 2016, la Dirección de Estudios de la Corte Suprema, licitó el estudio denominado “Modelo Orgánico para la Nueva Justicia”. Este fue adjudicado por la Pontificia Universidad Católica el 4 de octubre y actualmente se encuentra en ejecución. El objetivo general del estudio es “evaluar el impacto de las reformas legales y la especialización en el modelo de administración de justicia del Poder Judicial, analizando sus efectos sobre la gestión administrativa, el ejercicio de la labor jurisdiccional, la resolución de conflictos, la satisfacción de necesidades jurídicas y la efectivización de derechos, considerando especialmente los derechos de acceso a la justicia y tutela judicial efectiva”.
Para responder al objetivo se deberán realizar entrevistas y encuestas en 39 unidades judiciales (Tribunales y Cortes de Apelaciones) en las jurisdicciones de San Miguel, Valparaíso, Rancagua y Talca. Además del trabajo en terreno antes señalado, la consultora deberá realizar una serie de análisis de fuentes doctrinarias y académicas que le permita, por ejemplo, identificar los estándares normativos establecidos por el derecho internacional de los derechos humanos y la legislación chilena vinculados a la estructura y organización orgánica del sistema de justicia.

El estudio de “Modelo Orgánico para la Nueva Justicia” define como objetivos específicos para el primer informe: (i) Identificar los estándares normativos de derecho internacional de los derechos humanos y de derecho nacional relacionados a la estructura y organización del modelo orgánico de justicia, la especialización de los tribunales y los derechos fundamentales de las personas que intervienen en dichos procedimientos; y (ii) Construir indicadores, a partir de los estándares normativos de derecho internacional de los derechos humanos y de derecho nacional, que permitan evaluar el impacto del modelo orgánico de justicia en la satisfacción de necesidades jurídicas y la efectivización de derechos de quienes participan en los procesos.

Para cumplir con estos objetivos las bases especifican una serie de actividades mínimas a realizar, por ejemplo, identificar los estándares normativos establecidos por el derecho internacional de los derechos humanos y la legislación chilena vinculados a la estructura y organización orgánica del sistema de justicia, o la recopilación y análisis de la normativa emanada desde los distintos órganos del Poder Judicial y en la cual se regulen o establezcan estándares relevantes en materia de administración de justicia, acceso a la justicia y tutela judicial efectiva.

Ambos objetivos fueron logrados por la consultora y quedaron plasmados en el primer informe de avance del estudio que fue aprobado por la dirección de estudios en diciembre del 2017 y que podrán descargar aquí.