Dirección de Estudios de la Corte Suprema integra delegación chilena ante la ONU para el cumplimiento respecto del Pacto Internacional DESC
11/06/2015El pasado miércoles 10 de Junio, el Comité de las Naciones Unidas sobre los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC) en Ginebra finalizó la revisión del cumplimiento de las obligaciones otorgadas a Chile en materia de derechos humanos, según el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales ratificado por Chile en 1972. En esta oportunidad, el Poder Judicial tuvo un particular reconocimiento por la presencia de la ministra de la Corte Suprema, Doña Andrea Muñoz, quien fue asistida en la visita por el destacado especialista en derechos humanos de la Dirección de Estudios de la Corte Suprema, LL.M. Rafael Silva.
«No sólo el Ejecutivo está obligado a informar su grado de cumplimiento respecto al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.» – Ministra Andrea Muñoz
El diálogo entre los expertos del Comité de la ONU y la delegación del Estado chileno, tuvo principal debate sobre las reformas que el gobierno está impulsando en el país, como son la reforma constitucional, las modificaciones en la salud, educación y sistema de pensiones. En esta ocasión, fueron incluidas materias como justiciabilidad de los DESC, la superación de la pobreza, políticas antidiscriminación contra la población LGTB y sobre los derechos sexuales y reproductivos. La violencia contra la mujer, los derechos indígenas, de las personas con discapacidad, de los niños y niñas, y adolescentes fueron también un importante foco de observación al concluir la sesión.
El Comité DESC, en el contexto del cambio constitucional del país, insistió en su preocupación por los problemas de justiciabilidad de estos derechos ante los tribunales de justicia, determinando que el Estado debe ser capaz de garantizar la existencia de un marco jurídico e institucional que opere de manera eficaz en su protección.
El Comité DESC, en el contexto del cambio constitucional del país, insistió en su preocupación por los problemas de justiciabilidad de estos derechos ante los tribunales de justicia, determinando que el Estado debe ser capaz de garantizar la existencia de un marco jurídico e institucional que opere de manera eficaz en su protección.
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