El pasado 14 de febrero de 2024, mediante Oficio N°40-2024, la Corte Suprema despachó su informe relativo al proyecto de ley que "Modifica la Ley N° 20.000, que sustituye la ley N° 19.366, que sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas, para permitir la destinación provisional a las municipalidades de inmuebles incautados" (Boletín N°16.542-25). El proyecto tiene por objetivo aprovechar el marco normativo actual para combatir el narcotráfico, permitiendo que el Estado o las comunidades obtengan beneficios de las medidas cautelares reales, como la incautación de bienes inmuebles, para su uso en beneficio municipal y comunitario.

En su informe, la Corte realiza principalmente observaciones sobre la propuesta de agregar a las municipalidades como destinatarias provisorias de inmuebles incautados, destacando la intención de contribuir a la lucha contra el narcotráfico al incorporar a las municipalidades como actores territoriales capaces de administrar dichos bienes. Sin embargo, plantea dudas sobre la limitación de que solo bienes inmuebles pueden ser administrados por las municipalidades con estos objetivos, preguntándose por qué esta restricción se aplica solo a ellas, mientras que otras entidades pueden ser asignadas para administrar tanto bienes muebles como inmuebles destinados mediante este mecanismo.

Para más detalles, véase el informe del proyecto de ley contenido en el Oficio N° 40-2024, haciendo clic aquí.